"Tenemos que cortar el flujo anual de inmigrantes por debajo de los cien mil. El anterior gobierno dijo una cosa e hizo otra, permitiendo en la práctica que la situación escapase a todo control y que hayamos tenido una inmigración neta de 200.000 personas al año, esto es, dos millones cada diez años. Es inaceptablemente elevado", afirmó ayer el primer ministro británico, David Cameron, a la cadena de televisión Sky.
Numerosos informes sostienen que la inmigración aporta mucho más en impuestos de lo que cuesta en sanidad, educación, paro y otros beneficios sociales, y un comité parlamentario concluyó recientemente en un informe que la imposición de controles "puede perjudicar negativamente a la economía y retrasar la recuperación".
Cuando las cosas van bien, los inmigrantes son recibidos con los brazos abiertos para atender a los ancianos, hacer de paletas, enfermeras y jardineros. Cuando las cosas van mal, como ahora, los nativos consideran al extranjero (aunque pague impuestos y contribuya a la riqueza) como el enemigo que compite por susempleos y sus beneficios sociales. Es lo que está pasando en estos momentos en la Inglaterra de la austeridad. Ya el anterior gobierno laborista recurrió al populismo del discurso antiinmigración en un esfuerzo desesperado –e infructuoso– para ganar el voto de las clases bajas nacionalistas inglesas y aferrarse al poder. David Cameron no es inmune a esa tentación, y ha anunciado su deseo de poner un tope al número de ciudadanos de fuera de la Unión Europea que pueden venir a trabajar al Reino Unido.
El tema es motivo de disensiones entre los dos socios de la coalición de gobierno –los conservadores y los liberaldemócratas–, y también entre la patronal y Downing Street. Los empresarios han hecho saber al primer ministro que los inmigrantes cualificados –además de todos aquellos que los bancos y compañías trasladan de un lugar a otro en un mundo cada vez más globalizado– deberían quedar exentos de la cuota que quiere imponer.
El año pasado inmigraron a Gran Bretaña 196.000 personas más de las que emigraron. De otros países de la Unión Europea vinieron a este país prácticamente el mismo número de británicos que se instalaron en ellos (tan sólo en España viven 760.000), de manera que la diferencia –según aparece en el análisis de Cameron– consiste casi exclusivamente en los "trabajadores económicos" que proceden principalmente de África y Asia en busca de mejores oportunidades.
Lo mismo que otros países del mundo anglosajón como Australia y Nueva Zelanda, el Reino Unido quiere "canalizar" no sólo el número sino sobre todo el tipo de inmigrantes que se establecen en el país, prefiriendo los de una cultura similar y elevada cualificación profesional. De hecho, el Partido Laborista hizo algo parecido y estableció un sistema de puntos, que a Cameron le ha parecido ineficaz y complicado.
Dado que por razones obvias no puede hacer una selección en función de la etnia, la religión o el color de la piel, ha optado por realizarla en función de la nacionalidad, el nivel educativo y el idioma. La idea es que los ejecutivos de la banca y las multinacionales, bien recibidos, no se vean limitados por una cuota que aún no está establecida, pero que oscilará entre los veinte y treinta mil al año.
Cuando las cosas van bien, los inmigrantes son recibidos con los brazos abiertos para atender a los ancianos, hacer de paletas, enfermeras y jardineros. Cuando las cosas van mal, como ahora, los nativos consideran al extranjero (aunque pague impuestos y contribuya a la riqueza) como el enemigo que compite por susempleos y sus beneficios sociales. Es lo que está pasando en estos momentos en la Inglaterra de la austeridad. Ya el anterior gobierno laborista recurrió al populismo del discurso antiinmigración en un esfuerzo desesperado –e infructuoso– para ganar el voto de las clases bajas nacionalistas inglesas y aferrarse al poder. David Cameron no es inmune a esa tentación, y ha anunciado su deseo de poner un tope al número de ciudadanos de fuera de la Unión Europea que pueden venir a trabajar al Reino Unido.
El tema es motivo de disensiones entre los dos socios de la coalición de gobierno –los conservadores y los liberaldemócratas–, y también entre la patronal y Downing Street. Los empresarios han hecho saber al primer ministro que los inmigrantes cualificados –además de todos aquellos que los bancos y compañías trasladan de un lugar a otro en un mundo cada vez más globalizado– deberían quedar exentos de la cuota que quiere imponer.
El año pasado inmigraron a Gran Bretaña 196.000 personas más de las que emigraron. De otros países de la Unión Europea vinieron a este país prácticamente el mismo número de británicos que se instalaron en ellos (tan sólo en España viven 760.000), de manera que la diferencia –según aparece en el análisis de Cameron– consiste casi exclusivamente en los "trabajadores económicos" que proceden principalmente de África y Asia en busca de mejores oportunidades.
Lo mismo que otros países del mundo anglosajón como Australia y Nueva Zelanda, el Reino Unido quiere "canalizar" no sólo el número sino sobre todo el tipo de inmigrantes que se establecen en el país, prefiriendo los de una cultura similar y elevada cualificación profesional. De hecho, el Partido Laborista hizo algo parecido y estableció un sistema de puntos, que a Cameron le ha parecido ineficaz y complicado.
Dado que por razones obvias no puede hacer una selección en función de la etnia, la religión o el color de la piel, ha optado por realizarla en función de la nacionalidad, el nivel educativo y el idioma. La idea es que los ejecutivos de la banca y las multinacionales, bien recibidos, no se vean limitados por una cuota que aún no está establecida, pero que oscilará entre los veinte y treinta mil al año.
Fuente: lavanguardia.es
