La Asamblea Metropolitana de Tokio ha aprobado una ley que prohibirá, a partir de julio de 2011, la venta en la ciudad de cómics con escenas sexuales "extremas" a los menores de 18 años, en medio de una polémica en torno a la libertad de expresión.
La ordenanza hace un llamamiento a la industria del manga y el anime para prevenir que los menores adquieran o accedan a material en el que se representen violaciones y otros crímenes sexuales, así como el que promueva el incesto.
Desde el 1 de julio del próximo año, las editoriales tendrán prohibido vender a los menores aquellos cómics que sean calificados por el gobierno metropolitano de "libros malsanos" por su contenido sexual, informó la agencia local Kyodo.
La industria ha denunciado que es censura a la libertad de expresiónLa medida ha desatado una fuerte polvareda en la industria del cómic y el anime, que ha denunciado que significa censura a la libertad de expresión y la creatividad de los dibujantes. Para mitigar las protestas, las autoridades tokiotas han incluido una cláusula, no vinculante, en la que enfatiza que aplicará la ordenanza "cuidadosamente" y tendrá en cuenta las expresiones artísticas y sociales.
La medida ha enardecido los ánimos en el sector hasta el punto de que la semana pasada diez editoriales, entre ellas algunas de las principales del manga en Japón, anunciaron que no participarán en la Feria Internacional de Anime de Tokio del próximo marzo, auspiciada por el gobierno metropolitano.
En la polémica intervino incluso el primer ministro japonés, Naoto Kan, que el lunes subrayó a través de su blog la importancia tanto de la educación de los jóvenes nipones como de la industria del cómic y anime, e instó "a hacer un esfuerzo" para evitar que la feria deba ser cancelada.
La medida promulgada es una revisión de una propuesta presentada el pasado marzo que pedía limitar a los mayores de 18 años la venta de cómics y anime que mostraran actos sexuales de personajes que aparentasen ser menores de edad. Aquella iniciativa fue finalmente fue rechazada en una votación en junio al oponerse el gobernante Partido Democrático, que tachó la ordenanza de demasiado "imprecisa".
